Recientemente el Consejo de Estado cambió sustancialmente su postura frente a la caducidad de la acción de reparación directa en los delitos de lesa humanidad.

Tradicionalmente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ha negado la imposibilidad de ejercer control judicial frente al acto administrativo que niega la declaratoria de pérdida de ejecutoriedad. Esta postura desconoce no solo el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, sino el efecto útil de las normas y el principio lógico de no contradicción. Además, que con este entendimiento del artículo 91 del CPACA se patrocinan verdaderas situaciones inicuas en contra del administrado.

Ante la postura de algunos jueces civiles y otros pertenecientes a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al negar valor probatorio a los documentos en copia; buscamos hacer un recorrido por las sentencias de unificación emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en dicha materia. En estos fallos se da prelación a principios constitucionales como la buena fe y derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; en punto a reconocer eficacia probática a los documentos en copia simple.